El Barcelona, imputado por un supuesto fraude, liquida 13,5 millones a Hacienda por las “divergencias de interpretación” sobre sus obligaciones fiscales en el fichaje del brasileño
El Barcelona continúa pagando por el fichaje de Neymar 266 días después de su multitudinaria y estelar presentación como jugador en el Camp Nou. El coste de la operación se acerca ya a los 100 millones: 99,7 (los 86,2 que admitió ya la entidad más 13,5 de ahora). El club, al tiempo que reitera que no debe “nada a Hacienda”, presentó este lunes una autoliquidación complementaria de 13.550.830,56 euros. Durante los ocho meses y medio transcurridos desde aquel 3 de julio, el Barcelona se ha mantenido en sus trece y, a través de sus presidentes y directivos y de sus comunicados, ha asegurado que el fichaje le costó 57,1 millones y que no ha cometido ningún delito fiscal en relación al mismo.
La paradoja es que el 23 de enero Sandro Rosell dimitió, entre otras razones, por “la injusta y temeraria” querella presentada por el socio Jordi Cases contra él por “apropiación indebida por distracción” (administración desleal). Solo dos días antes, Rosell había pedido al juez Pablo Ruz que le citase a declarar. El 24 de enero prosiguieron las contradicciones. Josep Maria Bartomeu, tras tomar el relevo de Rosell, sostuvo que el precio del traspaso fue de 57,1 millones, pero cifró la operación en 86,2 por el pago de otros conceptos. Mientras, las diligencias judiciales proseguían y el pasado jueves Ruz imputó al Barcelona como presunto autor de un fraude fiscal derivado de los contratos que desembocaron en el fichaje del brasileño. El juez considera que la firma y el pago de todos los contratos con las sociedades vinculadas a Neymar están “íntimamente ligados” al acuerdo de trabajo del Barça con el delantero brasileño y apunta a que existen “indicios suficientes de la posible comisión del delito contra Hacienda Pública”.
El Barça argumenta que ingresó 13,5 millones en la Hacienda Pública “en vista de una posible divergencia interpretativa sobre el alcance de las obligaciones fiscales derivadas de la contratación”. Esa cantidad corresponde al 24,75% de los 40 millones que el Barcelona pagó a las sociedades vinculadas al jugador, calculando esos 40 millones en bruto.
Javier Faus, vicepresidente económico del Barcelona, explicó que, una vez que el juez Ruz requirió al Barcelona los contratos del fichaje de Neymar, el club abrió una investigación interna en la que sus fiscalistas y auditores reafirmaron la legalidad de la operación. Acto seguido se abrió una consulta externa y se contrató a dos despachos, el de Cristóbal Martell —el mismo que asesoró a Leo Messi— y el bufete Cuatrecasas, con amplia experiencia en el ámbito del derecho fiscal, laboral y mercantil. Estos despachos llegaron a la conclusión concluyente de que no existe ningún riesgo en el ámbito penal por una presunta apropiación indebida. “En cambio, pese a explicitar que la actuación fiscal fue legítima, advirtieron de que la Hacienda Tributaria está siendo especialmente agresiva en el aspecto de simulación contractual. Ellos pueden entender que se dice B aunque el contrato diga A. Nos dijeron que sería bueno para el club hacer una declaración complementaria por la que se adelantan unos impuestos a expensas que de que puedas reclamar en el futuro”.
El club, al que en definitiva el fichaje ya le ha costado 99,7 millones (salario aparte), ha optado por regularizar su situación fiscal por vía administrativa, lo que no le exime de la responsabilidad penal, aunque la multa por el fraude tributario sería menor. El Código Penal establece una sanción de hasta seis veces la cantidad defraudada. Es decir, que si fuera condenado, el club debería pagar, además de los 13,5 millones supuestamente defraudados, una multa de 54. Con la reparación del daño que implica la presentación de una declaración complementaria, el Barcelona podría reducir hasta el 62% el importe de la sanción.
Los técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) han manifestado que los más de 13,5 millones de euros pagados por el Barça a la agencia tributaria “no son declaraciones complementarias voluntarias”, sino una maniobra y decisión jurídica para minimizar las posibles consecuencias penales.
