Un juez de Valencia solicitará a la Liga documentación sobre la venta del delantero del club de Mestalla al Barcelona en 2010
El juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha aceptado investigar el traspaso de David Villa del Valencia al Barcelona en mayo de 2010 y solicitará a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) la documentación al respecto. “El fichaje tiene cosas muy raras”, según Andrés Sanchis, el accionista del Valencia cuya querella contra los exdirigentes del club por la ejecución de la ampliación de capital de 2009 fue admitida a trámite en febrero de 2012. En primer lugar, explica Sanchis, en la due diligencesobre la gestión en el club, presentada al juez por el Valencia a través de la empresa KPMG, existe una información detallada sobre todos los traspasos de los jugadores y comisiones a los representantes menos en un caso, el de Villa, sobre el que no hay documentos. Y en segundo lugar, continúa Sanchis, el expresidente del Barça Sandro Rosell ofreció al juez un acta notarial según la cual la entidad catalana pagó al Valencia 40 millones por el traspaso de El Guaje, explicando en un añadido que el jugador les advirtió en ese momento que cambiaba de representante: de José Luis Tamargo a una firma dirigida por Víctor Oñate, exempleado del Valencia. “También hay unas declaraciones de Joan Laporta [expresidente azulgrana] en las que dice que el Barça pagó 50 millones”, abunda Sanchis.
Esa versión de Laporta coincidiría con la del exagente de Villa. Tamargo asegura que él ya había cerrado el acuerdo entre el Valencia y el Barça el año anterior, en 2009, por 42 millones más ocho por objetivos que acabaron cumpliéndose todos. “Cuando Manuel Llorente [presidente del Valencia en esas fechas] dijo aquello de que ‘solo venderemos a Villa si llega una oferta escandalosamente escandalosa’, el día anterior ya lo había vendido”, cuenta Tamargo, que llevaba 12 años como agente de El Guaje antes de recibir un burofax de los abogados del jugador instándole a que se apartase de la operación de venta del delantero al Camp Nou. “Después fuimos a juicio y el juez dijo que, como yo no había estado presente en la firma con el Barça, no tenía derecho a nada”, agrega Tamargo. “Nunca entendí lo que me hicieron”, remata el agente. Tamargo y Oñate serán llamados a testificar por el juez del juzgado de instrucción número 3, Francisco Silla.
Este también solicita al Valencia los contratos con el club del expresidente Llorente (que cobraba unos 300.000 euros anuales) y del ex vicepresidente Javier Gómez, actual director general de la Liga de Fútbol Profesional, indemnizado con 1.170.000 por la sociedad de Mestalla, según los datos aportados por la due diligence.
Sanchis, que es abogado y representa a otros dos accionistas del Valencia, se ha querellado contra dos exdirigentes de la entidad de Mestalla (Llorente y Gómez), el expresidente de la Fundación del club Társilo Piles y el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, por supuestos delitos de estafa, falsedad de documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos. Los cuatro declararon ante el juez en enero pasado.
“No estamos en contra de la ampliación de capital [de 92,4 millones], era necesaria”, insiste Sanchis, “sino contra cómo se desarrolló. El porqué el paquete restante del 72% de los títulos no cubiertos por los accionistas se trasladó a la Fundación, con la consiguiente concentración de poder y las irregularidades en perjuicio económico del Valencia”. El juez, a su vez, pide a Bankia el acta por la que el comité de riesgos de Bancaja aprobó la concesión del préstamo de 81 millones a la Fundación para que comprase las acciones pese al riesgo de impago. Ese crédito estuvo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, de la Generalitat valenciana, que ya ha abonado 4,8 millones que la Fundación no ha podido devolver a Bankia.
